Ya comentamos en una entrada anterior que los últimos acontecimientos acaecidos entorno al Urbanismo en Cádiar eran merecedores de una reflexión especial en el Blog.
En los últimos tiempos, se han producido una serie de hechos que ponen en entredicho la independencia y la rigurosidad que se le presupone a quienes tienen la obligación de gestionar el Urbanismo en el Ayuntamiento. Una serie de acontecimientos en los que se han visto implicados directamente diferentes concejales del Equipo de Gobierno del PP.
Comenzaremos por explicar las razones que aparentemente han motivado la dimisión parcial de las competencias del Primer-Teniente Alcalde y Concejal de Urbanismo (-sigue manteniendo el acta de concejal y formando parte del Grupo Popular en el Ayuntamiento-) don Francisco López Ruiz.
Todo empieza, cuando en un solar contiguo a su residencia habitual, un familiar directo del concejal instala una grúa de grandes dimensiones y comienza obras de replanteamiento sobre el terreno para lo que aparenta ser la cimentación de una obra mayor. Unas obras para las cuales no cuenta con licencia municipal y que además se encuentran en una parcela que no está consolidada urbanísticamente. Como consecuencia de ello, los vecinos que poseen propiedades colindantes denuncian esta situación, los técnicos municipales realizan el pertinente informe y el Ayuntamiento decreta la paralización de las obras.
El concejal pretende justificar posteriormente dicha actuación, en el pasado Pleno del mes de julio, aduciendo que las obras que se pretendían realizar eran las relativas a un emplazamiento que hizo el Ayuntamiento (hace años) en las que se conminaba al propietario a levantar un muro de contención. Esta explicación no parece muy convincente porque para levantar un muro de esas características no parece que sea necesaria la participación de una grúa de esas dimensiones y tampoco parece que sea necesario realizar obras de cimentación en todo el solar. La Oposición preguntó también porque no se había atendido anteriormente a ese emplazamiento del Ayuntamiento ya que las obras requeridas tenían la finalidad de garantizar la seguridad de los viandantes (habían pasado 4 años) y la contestación del concejal fue todavía más absurda “no encontraban albañiles”.
Pero no es ésta la única actuación que afecta directamente al “exconcejal de Urbanismo”. En otras parcelas situadas en la calle Obrador se ha procedido a la demolición de dos viviendas y a la retirada de escombros. Al percatarse de este hecho la Oposición solicita por escrito al Ayuntamiento que se aclare la titularidad de los propietarios de dichas viviendas, que se aclare también si existe alguna declaración previa de ruina de las viviendas en cuestión o algún emplazamiento del Ayuntamiento para que se hagan obras de mejora y mantenimiento en dichos solares; y finalmente que se aclare si se han solicitado los pertinentes permisos y si se ha presentado el correspondiente proyecto de demolición.
El técnico municipal aclara en un informe posterior respecto a la titularidad de la propiedad de las viviendas que en el Registro Catastral del ayuntamiento constan como propietarios dos vecinos del Municipio, aunque advierte de que puede darse el caso de que en el Registro de la Propiedad consten otros propietarios distintos (esta incógnita se despeja en el pasado Pleno del mes de julio cuando el “exconcejal de urbanismo” reconoce que posee una vivienda en dicha propiedad), también reconoce en dicho Pleno que no existe proyecto de demolición porque entiende que no es necesario, ya que según afirma se ha limitado a limpiar el solar y retirar una escombrera, en el Pleno se le recuerda que para cualquier movimiento de tierras y retirada de escombros es necesario solicitar los correspondientes permisos. Posteriormente, el técnico del Ayuntamiento aclara en el informe preceptivo que se han realizado obras de demolición y que por tanto es necesario presentar el correspondiente proyecto de demolición.
Pero no acaban aquí las anomalías e irregularidades urbanísticas que afectan a miembros del actual equipo de gobierno. El concejal de Igualdad y flamante nuevo Primer Teniente-Alcalde, don Juan José Moreno Alonso, solicitó una Licencia de Obras para la reforma de una vivienda situada en la calle Pedro Conde. Unas obras que aparentemente han sido denunciadas por un vecino. Ante lo cual, el partido socialista decide revisar el expediente urbanístico de la mencionada obra detectando la falta de determinada documentación que se exigía en la Licencia de Obras como condición necesaria para el comienzo de las obras. Concretamente se echa en falta un plan de seguridad y salud en el trabajo (tengamos en cuanta que se realizan trabajos en altura) y se echa en falta también un proyecto de evacuación de residuos sólidos (tengamos también en cuenta que en las obras se ha retirado el tejado de Uralita cuyos residuos requieren un tratamiento especial). Cuando se pregunta en el Pleno al concejal por dichas circunstancias, contesta que toda la documentación requerida se encuentra en el expediente, sin embargo en el informe posterior del técnico municipal se denuncia la ausencia de dichos planes y se va aún más allá (se han realizado más obras de las declaradas en un principio por lo que será necesario realizar una nueva valoración de la tasación de las mismas).
Quienes tienen responsabilidades políticas en el Ayuntamiento deberían de ser los primeros en observar una conducta intachable en la tramitación y en el cumplimiento de todas las exigencias legales que requieren los diferentes procedimientos administrativos. Deberían de ser los primeros en dar ejemplo.
Si a todo lo anterior, le sumamos determinadas decisiones que son cuando menos cuestionables, llegamos a la inevitable conclusión de que la gestión del Urbanismo en el Ayuntamiento de Cádiar es caótica. Analicemos algunas de éstas decisiones:
- Se prescinde de los servicios del asesor jurídico y urbanístico, y se contrata a un nuevo técnico-aparejador. Preguntamos.- ¿para qué necesitamos a dos aparejadores en el Ayuntamiento? ¿No basta con uno para hacer los informes técnicos?...No haremos juicios de intenciones, la respuesta a las anteriores cuestiones ustedes se la pueden imaginar.
- Cuando no gusta un informe jurídico de la Secretaria para la concesión de una determinada licencia de obras, el Alcalde determina por decreto la retirada de competencias y encarga el informe a unos servicios jurídicos externos del Ayuntamiento. Si para ello, hay que llegar a cuestionar la actual vigencia de la normativa urbanística y afirmar que la adaptación de las normas subsidiarias a la LOUA aprobada en la anterior Legislatura no está en vigor, se hace y aquí paz y después gloria. Eso sí, para el resto de licencias sí que está en vigor dicha normativa urbanística.
- El Alcalde y el “exconcejal de urbanismo” sostienen en un Pleno que no hay necesidad de continuar con los trabajos del PGOU, contraviniendo la opinión de todos los expertos en Urbanismo (técnicos municipales, redactores, oficina de asesoramiento urbanístico, etc..). Y argumentan que no es necesario continuar con los trabajos porque en la anterior Legislatura se adaptaron las NNSS a la LOUA (aquí, si parece que les conviene que esté en vigor dicha normativa). “O no se enteran de nada o son el ejemplo más ilustrativo del espíritu de la contradicción”.
Por todo lo anterior y unas cuantas cosas más, desde el PSOE creemos que esta situación no se salda con una simple dimisión de determinadas competencias y exige una renuncia total al Acta de Concejal, de quien hasta hace bien poco tiempo era el máximo responsable del Urbanismo en Cádiar, Don Francisco Joaquín López Ruiz.
