domingo, 24 de febrero de 2013

LA REFORMA DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL.



El pasado 15 de febrero el Consejo de Ministros presentó el anteproyecto de la Reforma de la Administración Local. Una reforma que a nuestro entender atenta directamente contra nuestros derechos y contra la autonomía de los ayuntamientos.

Una Reforma que supone un viaje en el tiempo a la etapa franquista, con alcaldes y alcaldesas pidiendo en las puertas de las Diputaciones.
Las Diputaciones dejan de estar al servicio de los Ayuntamientos para que los ayuntamientos estén al servicio de las Diputaciones.
Se recorta la autonomía local de los Ayuntamientos y su capacidad de gestión. Es el fin de la concertación local, del diálogo entre diputaciones y Ayuntamientos, el regreso de las diputaciones como entes supramunicipales. Esta Ley convierte a los ayuntamientos en pedigüeños a merced de la voluntad del presidente de turno. Volvemos a los años 70 pretendiendo privatizar servicios públicos municipales y eliminando de paso derechos básicos de los ciudadanos.

En base a todo lo anterior nos preguntamos:
-         ¿Con qué legitimidad democrática cuentan las Diputaciones para sustituir la acción de los municipios intervenidos, cuyos representantes han sido elegidos por el pueblo y en los que el signo político de las respectivas mayorías puede ser divergente?
-         ¿Qué se va a hacer con sus representantes cuando pierdan la gestión de todos, la mayoría o los más importantes servicios mínimos y obligatorios en caso de evaluación negativa? ¿Podrán las Diputaciones asumir el reto de llevar a cabo la prestación directa de dichos servicios?
-         ¿Cómo volverán las competencias a los Municipios?
-         ¿Cómo se evalúa si el ejercicio de la competencia por sustitución de la Diputación se atiene, por su parte a criterios de calidad o eficiencia?

Al amparo de esta ley se pretende regular también las retribuciones de los cargos públicos municipales. Algo que en Andalucía ya existe tras el acuerdo de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias. En el caso de nuestro Municipio no nos afecta en lo más mínimo la promulgación de la Ley.  Ningún Alcalde en Cádiar, hasta la fecha, ha tenido un Régimen de dedicación exclusiva ni ha cobrado el máximo permitido (si aplicáramos los criterios contemplados en la propuesta de Ley). Por no cobrar no se cobran ni las dietas por asistencia a Pleno.
El PP ha lanzado, a la par que presentaba el documento de anteproyecto de reforma local, la necesidad de recortar un 30 % el número de miembros de las corporaciones locales, según tramos de población, como una medida de ahorro a las arcas públicas. Pero como ya hemos dicho anteriormente en el caso de nuestro ayuntamiento, como en el resto de ayuntamientos, no tiene mucho sentido dicha propuesta porque el 80% de los concejales no reciben retribución alguna, en el caso de Cádiar ninguno cobra nada. Lo único que consiguen con esta reforma es reducir la representación y los equipos de trabajo en los ayuntamientos. Sin embargo, no se plantean en ningún momento reducir o limitar el número de asesores o cargos de libre designación en los grandes ayuntamientos, entre otras cosas, porque las grandes ciudades dónde trabajan éstos cargos están gobernadas, casi todas ellas, por el PP.

Esta reforma limitará la autonomía local, alejará a la administración de los ciudadanos, supondrá la eliminación de determinados servicios municipales, traerá más paro, dejará a los pueblos a la gracia de Dios y sólo servirá para que las Diputaciones hagan negocio con la explotación de determinados servicios públicos (como son la gestión del agua, de la recogida de basura, etc, etc..).  


 

jueves, 21 de febrero de 2013

ADJUDICACIÓN DE OBRAS EN CÁDIAR.



En el pasado Pleno del día 31 de enero el señor Alcalde informó de la adjudicación de las Obras contempladas en los Planes de Obras y Servicios de la Diputación Provincial de Granada para nuestro Municipio.

En este proceso de licitación y adjudicación de obras queremos realizar diferentes consideraciones:

En primer lugar, desde el PSOE de Cádiar queremos agradecer públicamente al PP de Cádiar que tuvieran en consideración la propuesta concreta que realizamos en nuestro programa electoral en lo relativo a las calles que urgían arreglarse (recordemos que en el Programa del PSOE, apartado de Urbanismo, en el punto número 10, se decía algo así: “Arreglo de las calles San Blas, Doctor Fleming y el acerado de la calle Real en Cádiar”. Por el contrario, en el Programa del PP no había reseña alguna sobre que calles tenían intención de arreglar).

También queremos recordar, que en el punto nº 8 del mismo apartado del programa del PSOE decíamos lo siguiente: “Ejecución del proyecto de “Travesía Urbana desde el comienzo del pueblo hasta el cruce de la gasolinera”. Existe el compromiso firme de la Consejería de Obras Públicas con el actual Equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de impulsar la ejecución de dicho proyecto. Se contempla la realización de dos aceras amplias y de miradores (cuenta con unas previsiones de inversión pública entorno a los 600.000 euros)”. Para sustentar esta afirmación que realizábamos entonces os trasladamos en el siguiente enlace la copia de la resolución que llegó, en su momento, al Ayuntamiento:

Resolución Obras Públicas

Pues bien, resulta que el PP de Cádiar ha contemplado en esta Legislatura las siguientes actuaciones dentro de los Planes de Obras y Servicios de la Diputación Provincial:
-      Abastecimiento, saneamiento y pavimentación  calles Doctor Fleming, San Blas y Mercado (proyecto plurianual) con un presupuesto de 96.499,17 € y un IVA de 20.264,83 €. Curiosa coincidencia con el programa del PSOE.
-     Y Acondicionamiento Travesía de Cádiar con un presupuesto de 67.576, 86 € más 14.191,14 € de IVA. Actuación ésta última un tanto sorprendente, puesto que como ya hemos visto estaba comprometido por otra administración  un proyecto más completo (a través de la Consejería de Obras Públicas) y con un presupuesto bastante superior (632.097,83 €).

En segundo lugar, hemos de decir que no nos gusta  nada el nuevo modelo de licitación y adjudicación de obras que ha instaurado la Diputación. Ahora todo el proceso de adjudicación de las obras se realizara desde la propia Diputación, hurtando competencias y capacidad de negociación  a los Ayuntamientos con las empresas adjudicatarias. Todo ello, con la intención de controlar el mecanismo de adjudicación de las obras. Si todo esto se hiciera con la excusa de conseguir una mayor eficiencia tendría algún sentido, pero lo cierto es que la Diputación de Granada hasta la fecha sólo ha invertido un 0’3% de los Planes Provinciales de Obras y Servicios y han propiciado que se hayan perdido 9 millones de euros en inversiones. Lo único que pretenden es controlar el mecanismo de adjudicación de obras con las empresas.
Luego pasa lo que pasa, de las siete empresas que concurrieron inicialmente al concurso de licitación de las obras de Cádiar, cinco eran locales y las otras dos  eran de la zona. Finalmente las obras fueron adjudicadas a las dos empresas que no eran  locales (CAVISUR SL  y  CONSTRUALMEGIJAR).

El Alcalde se lava las manos y la Diputación hace lo que más le conviene a todos.

jueves, 7 de febrero de 2013

PLEITOS TENGAS, LOS GANES Y LOS PAGES.



Ya comentamos en una entrada anterior del Blog, que determinadas facturas se colaron de tapadillo y a escondidas dentro del Plan de pago a proveedores que se tramitó, en su momento, a instancias del Gobierno Central.

Una de las facturas contempladas en dicho Plan de Ajuste (que ofrecía serias dudas en cuanto a su legitimidad) es una factura con la minuta de un determinado bufete de abogados que prestó asesoramiento jurídico a los concejales del PP implicados en una serie de procesos judiciales.

Será mejor que pongamos a todos en antecedentes:
En la anterior etapa de gestión del PP al frente del Ayuntamiento de Cádiar se produjeron una serie de acuerdos plenarios en los que se concedieron determinadas licencias de obras con los informes negativos de los técnicos municipales. En dichos acuerdos plenarios, la oposición de entonces del PSOE votó conjuntamente con el equipo de gobierno del PP a favor de conceder dichas licencias de obras. Todo esto propició que  la Fiscalía actuara de oficio y que se produjeran una serie de juicios que se desarrollaron en la siguiente Legislatura, cuando el PP se encontraba ya en la Oposición, juicios de los que afortunadamente “todos” salieron exonerados de cualquier responsabilidad penal.

Pues bien, lo sorprendente del tema es que ha sido ahora, en la actual Legislatura, (cuando el PP vuelve a gobernar en el Consistorio), cuando se han reconocido dichas facturas como deuda del ayuntamiento, a pesar de que la contratación de los mencionados abogados se realizó en su momento por los concejales del PP a título particular.
No existe ni ha existido ningún contrato que vincule al Ayuntamiento con dichos servicios jurídicos. No existe ni ha existido ningún acuerdo plenario que avale dichas contrataciones. Ni tan siquiera se ha informado al Pleno de dicha circunstancia (ni durante la anterior Legislatura ni en la actual). Nos hemos enterado de la existencia de dichas facturas al revisar el origen de todas las facturas contempladas dentro del  Plan de Pago a Proveedores.  

Las facturas, de los abogados en cuestión que prestaron asistencia legal a los concejales del PP, ascendieron a la cantidad de 9.270 €.

Si sorprendente resulta todo lo anterior, mucho más sorprendente resulta aún que no se informara a la Oposición del reconocimiento de dicha deuda por parte del Ayuntamiento e incluso que no se emplazara al partido Socialista para que presentara las facturas correspondientes con la minuta de los abogados que les representaron a ellos.

Resumiendo, para que se entienda, el Equipo de Gobierno del PP reconoce como deuda pública del Ayuntamiento los costes de la defensa de los concejales del PP y no hace lo propio con los costes de la defensa de los exconcejales del PSOE (implicados en los mismos juicios y por las mismas razones).

Los abogados del PP han cobrado ya y los del PSOE están a expensas de que se quiera reconocer esa deuda por parte del Ayuntamiento y se decidan a pagar.