El pasado 15 de febrero el Consejo de Ministros
presentó el anteproyecto de la
Reforma de la Administración
Local. Una reforma que a nuestro entender atenta directamente
contra nuestros derechos y contra la autonomía de los ayuntamientos.
Una Reforma que supone
un viaje en el tiempo a la etapa franquista, con alcaldes y alcaldesas pidiendo
en las puertas de las Diputaciones.
Las Diputaciones dejan de estar al servicio de
los Ayuntamientos para que los ayuntamientos estén al servicio de las
Diputaciones.
Se recorta la autonomía local de los
Ayuntamientos y su capacidad de gestión. Es el fin de la concertación local,
del diálogo entre diputaciones y Ayuntamientos, el regreso de las diputaciones
como entes supramunicipales. Esta Ley convierte a los ayuntamientos en
pedigüeños a merced de la voluntad del presidente de turno. Volvemos a los años
70 pretendiendo privatizar servicios públicos municipales y eliminando de paso
derechos básicos de los ciudadanos.
En base a todo lo anterior nos preguntamos:
-
¿Con
qué legitimidad democrática cuentan las Diputaciones para sustituir la acción
de los municipios intervenidos, cuyos representantes han sido elegidos por el
pueblo y en los que el signo político de las respectivas mayorías puede ser
divergente?
-
¿Qué
se va a hacer con sus representantes cuando pierdan la gestión de todos, la
mayoría o los más importantes servicios mínimos y obligatorios en caso de
evaluación negativa? ¿Podrán las Diputaciones asumir el reto de llevar a cabo
la prestación directa de dichos servicios?
-
¿Cómo
volverán las competencias a los Municipios?
-
¿Cómo
se evalúa si el ejercicio de la competencia por sustitución de la Diputación se atiene,
por su parte a criterios de calidad o eficiencia?
Al amparo de esta ley se pretende regular
también las retribuciones de los cargos públicos municipales. Algo que en
Andalucía ya existe tras el acuerdo de la Federación Andaluza
de Municipios y Provincias. En el caso de nuestro Municipio no nos afecta en lo
más mínimo la promulgación de la Ley. Ningún
Alcalde en Cádiar, hasta la fecha, ha tenido un Régimen de dedicación exclusiva
ni ha cobrado el máximo permitido (si aplicáramos los criterios contemplados en
la propuesta de Ley). Por no cobrar no se cobran ni las dietas por asistencia a
Pleno.
El PP ha lanzado, a la par que presentaba el
documento de anteproyecto de reforma local, la necesidad de recortar un 30 % el
número de miembros de las corporaciones locales, según tramos de población,
como una medida de ahorro a las arcas públicas. Pero como ya hemos dicho
anteriormente en el caso de nuestro ayuntamiento, como en el resto de
ayuntamientos, no tiene mucho sentido dicha propuesta porque el 80% de los
concejales no reciben retribución alguna, en el caso de Cádiar ninguno cobra
nada. Lo único que consiguen con esta reforma es reducir la representación y
los equipos de trabajo en los ayuntamientos. Sin embargo, no se plantean en
ningún momento reducir o limitar el número de asesores o cargos de libre
designación en los grandes ayuntamientos, entre otras cosas, porque las grandes
ciudades dónde trabajan éstos cargos están gobernadas, casi todas ellas, por el
PP.
Esta reforma limitará la autonomía local,
alejará a la administración de los ciudadanos, supondrá la eliminación de
determinados servicios municipales, traerá más paro, dejará a los pueblos a la
gracia de Dios y sólo servirá para que las Diputaciones hagan negocio con la
explotación de determinados servicios públicos (como son la gestión del agua,
de la recogida de basura, etc, etc..).